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El sábado 13 de marzo de 2021, fecha de su entrada en vigor, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 5/2021 (en adelante el RDL). Este RDL tiene por finalidad tratar de reforzar la solvencia de aquellos autónomos y empresas viables afectados por una intensa caída de sus ingresos debido a la larga duración de la reducción de actividad.

Se articula un conjunto de medidas para movilizar una inversión pública de hasta  11.000 millones de euros. Tres fondos adicionales para financiar ayudas directas,  restructuración de balances y recapitalización de empresas y la prórroga de moratorias  fiscales y concursales.  

Las empresas y autónomos destinatarios de estas ayudas deberán cumplir en el  momento de su solicitud los siguientes requisitos: 

 Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de  2022 

No repartir dividendos durante 2021 y 2022,  

No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante  un periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas.

A continuación, destacamos los aspectos más relevantes de cada una de las líneas de  actuación previstas.  

Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas (7.000 millones  de euros)  

Se crea una nueva Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, para  reducir el endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020. Estas ayudas se  concederán hasta el 31 de diciembre de 2021.  

Estas ayudas directas tendrán carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda  y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así  como los costes fijos incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles,  primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas  deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos  anteriores a la entrada en vigor de este RDL.  

Para el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades  en el régimen de tributación consolidada, el volumen de operaciones a considerar para  determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de  operaciones de las entidades que conforman el grupo. 

En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales,  entidades y grupos consolidados cuya declaración del Impuesto sobre la Renta de las  Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto de la Renta de no Residentes  correspondiente al ejercicio 2019 haya resultado negativa, en los términos definidos en  el RDL.  

Línea para la reestructuración de deuda financiera Covid (3.000 millones  de euros)  

Adopción de medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval  público, permitiendo así que esta financiación se incorpore a los procesos de  refinanciación y restructuración pactados entre los bancos y sus clientes. Para ello, se  crea una Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, de 3.000  millones de euros, para permitir, como último recurso tras la articulación del resto de  medidas de apoyo a la solvencia, la conversión de parte del aval público en  transferencias a las empresas y autónomos con domicilio social en España más  afectados por la crisis.  

 Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid (1.000 millones  de euros)  

Para apoyar a aquellas empresas con sede social en España viables, pero que se  enfrentan a problemas de solvencia derivados de la COVID-19 y que no pueden acceder  al fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI) y  necesitan un refuerzo adicional de su capital tras la articulación de las medidas previstas  en los apartados anteriores, se crea un nuevo Fondo de recapitalización de  empresas afectadas por COVID, dotado con 1.000 millones de euros, que será  gestionado por COFIDES, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a  través de la Secretaría de Estado de Comercio.  

Los criterios básicos de elegibilidad se determinarán por Acuerdo de Consejo de  Ministros. En concreto, el Fondo aportará dicho apoyo exclusivamente en forma de  instrumentos de deuda, de capital e híbridos de capital, o una combinación de ellos,  a empresas no financieras, que previamente lo hubieran solicitado y que atraviesen  dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. 

En ningún caso el Fondo apoyará financieramente a empresas que con anterioridad a  la crisis de la COVID-19 tuvieran problemas de viabilidad o a aquellas que se consideren  inviables a futuro.  

Moratoria hasta el 31 de diciembre de 2021  

El RDL amplía hasta 31 de diciembre de 2021 la exención del deber del deudor que se  encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no  admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los  acreedores. Se aclara también que el plazo de dos meses del que dispone el deudor  para solicitar la declaración de concurso voluntario debe computarse a partir de la fecha  de finalización del plazo de suspensión del citado deber.  

Respecto de estos deudores, por un lado, se aplaza el deber de solicitar la apertura  de la fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca  la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con  posterioridad a la aprobación de aquél, siempre que el deudor presente una propuesta  de modificación del convenio y ésta se admita a trámite dentro de un determinado plazo.