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Posibles efectos por la falta de publicación en el BOE de la Sentencia del Tribunal  Constitucional sobre la reforma de la forma de cálculo de la plusvalía municipal.

Como es de general conocimiento, la Sentencia de fecha 26 de octubre de 2021 del  Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos de la  Ley de Haciendas Locales destinados a regular la forma de cálculo del IIVTNU (conocido  como plusvalía municipal), dejando un vacío normativo que impide a la Administración  local la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo y, por tanto, su  exigibilidad. 

Para dar respuesta al mandato del Tribunal Constitucional, en fecha 8 de noviembre el  Gobierno aprobó el RD Ley 26/2021, disposición normativa que ha entrado en vigor el  siguiente día 10, sin que la disposición normativa prevea la aplicación de la norma con  efectos retroactivos, esto es, a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor. 

Con la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de los artículos que regulaban la  determinación de la base imponible del tributo, se ha producido un vacío normativo que  se extiende desde la fecha de la Sentencia del Alto Tribunal hasta la entrada en vigor  del RD Ley, plazo durante el que, para muchos operadores jurídicos, los hechos  imponibles ocurridos en ese espacio temporal no pueden ser objeto de liquidación. Ello  es así por cuanto se afirma que no es posible determinar la cuota tributaria mediante la  aplicación de unos preceptos declarados nulos a consecuencia de su  inconstitucionalidad, ni tampoco es posible la aplicación de la modificación normativa  aprobada por el RD Ley a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor, ya  que dicha disposición no previó la posible retroactividad de la norma. 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta la enorme repercusión mediática habida,  sorprende que aun hoy, 11 de noviembre, persista la falta de publicación de la Sentencia  en el BOE. Seguramente la razón de esa falta de publicidad obedezca al procedimiento  que se deba seguir para la efectiva publicación de las sentencias, y que el procedimiento  se encuentre sometido al cumplimiento de un orden cronológico de fechas. 

No obstante, esa falta de publicación puede tener una extraordinaria repercusión a nivel  tributario, por cuanto como ya ha apuntado algún ayuntamiento, lógicamente pensando  en la defensa de sus intereses económicos y protección de su presupuesto, con arreglo  a lo dispuesto en la Constitución, artículo 164, y la Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional, en su artículo 38, las sentencias tendrán el valor de cosa juzgada y  vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha  de su publicación en el BOE, publicación que como decimos aún no se ha producido. 

No es aventurado afirmar que esta situación puede ser causa de futuras controversias  entre los ayuntamientos que pretendan liquidar y cobrar el impuesto y los ciudadanos  que aspiren a la no tributación por hechos imponibles ocurridos durante el citado  período.